Derecho Penitenciario
¿Qué es el derecho penitenciario?
El derecho penitenciario es el ordenamiento de normas que controla la ejecución de las penas privativas de la libertad, cuyo objetivo es la reinserción social de las personas que tienen que cumplir una pena de prisión dentro de un centro penitenciario, a fin de que al salir de prisión puedan insertarse en la sociedad y llevar una vida dentro de la legalidad sin volver a delinquir.
Para ello se fomenta la educación y el trabajo dentro de las prisiones, así como la asistencia a programas específicos en función de la naturaleza del delito (por ejemplo, sobre la libertad sexual, sobre violencia de género, etc.)
Juzgados de vigilancia
Son los juzgados de vigilancia penitenciaria los juzgados especializados que tramitan los expedientes penitenciarios de los reclusos, y deciden la concesión o no de permisos de salida, el grado penitenciario en el que debe estar clasificado el penado (primer, segundo o tercer grado), la posibilidad de salir a trabajar fuera del centro penitenciario, la libertad condicional, etc.
El marco correctivo español está enfocado en la reeducación y reinserción social de las personas condenadas por la comisión de delitos, y la ley penitenciaria es el sistema legal que avanza y garantiza la coherencia con las medidas que persiguen estos objetivos. Es, de esta manera, el ordenamiento de normas que orientan la relación legítima que surge entre el Estado y los condenados por delitos.
Marco español respecto del derecho penitenciario
El avance del derecho penitenciario se agudizó durante el siglo XIX, cuando las penas privativas de libertad adquirieron pertinencia y se empezó a notar la necesidad de controlar la forma en que se ejecutaban estas medidas correccionales.
Según los juristas, el derecho penitenciario forma parte del derecho penal o del derecho procesal penal, ya que comienza a actuar cuando finaliza un proceso y el Estado necesita garantizar que el condenado cumpla con la pena privativa de libertad.
Actualidad en el derecho penitenciario
El actual derecho penitenciario encuentra su aval en la Constitución y en la propia construcción del derecho penal, centrado en la reinserción social de los penados con posterioridad a la ejecución del castigo que les haya impuesto el juez o tribunal por las infracciones cometidas.
La Constitución de 1978 lo postula de la siguiente manera:
Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento
art. 25 de la Constitución Española
Primeramente, como un derecho principal, se basa en que nadie puede estar expuesto a tormentos, disciplina o trato inhumano, prohibiendo explícitamente la pena capital.
Por otro lado, indica que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad se centran en la reinserción y la reintegración social, prohibiendo el trabajo forzado y subrayando que, independientemente de que una persona esté en la cárcel, disfrutará de los derechos fundamentales.
¿Qué hace el mandato de la Constitución?
Lo que hace este mandato de la Constitución es establecer una estructura legal con la que el Estado, responsable de los presos, debe proseguir. Para ello, se debe asegurar que las personas que están llevando a cabo una pena privativa de libertad tengan acceso a ayuda legal, a escolarización, a la formación profesional, al bienestar y todo aquello que sea encaminado a garantizar que, puedan reintegrarse a la sociedad y no prosigan delinquiendo.
La validez de estos derechos en la ejecución de una sanción en la cárcel debe estar sustentada mediante decisión judicial, tal y como se expresa en la Ley General Penitenciaria.
¿Cuál es el alcance del uso de la ley penitenciaria?
Al observar el marco penitenciario español podemos considerar tres áreas fundamentales:
- El derecho penal: es el código que define los delitos y sus penas.
- El derecho procesal penal: que regula las vías para procesar a las personas por la infracción de las leyes penales.
- El derecho penitenciario: que se compone de la ordenación de decisiones que dirigen la ejecución de las penas privativas de la libertad.
Conclusión
El derecho penitenciario resolverá cuestiones del sistema penitenciario que inciden en los condenados, como permisos de salida, el grado de tratamiento, la posibilidad de salir a trabajar fuera de prisión, la libertad condicional, etc.
Así como otros aspectos que afectan a otros derechos de todo ciudadano: la salud, los derechos civiles y laborales (que no han sido anulados por la sentencia penal), y los tipos y la estructura de las instituciones penales así como las medidas que deben impulsar y respetar para dar cumplimiento a su fin primordial: la reeducación y reinserción social.
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